A raíz del consenso mundial para garantizar la sustentabilidad (establecido en 1987 con la publicación del “Informe Bruntland”), se incluyó la participación social como política global que permitiera a los sectores de la población tener un protagonismo real y una incidencia efectiva en la toma de decisiones sobre sus recursos naturales.
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Las organizaciones de la sociedad civil que incluyen instituciones académicas, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones civiles, empresas cooperativas e iniciativa privada, además de instituciones religiosas, conciben el desarrollo sustentable como una oportunidad única para diseñar e implementar estrategias comunes vinculadas con el trabajo ambiental, cuyo fin es reducir su huella ecológica
C y promover la adquisición de conocimientos y nuevos valores sobre el medio ambiente.
Dichas organizaciones luchan por una política pública que trascienda los enfoques asistenciales (de ayuda directa), no sólo con el desarrollo de habilidades, conocimiento y educación, sino también con el fortalecimiento de su participación en el acceso equitativo a los recursos naturales,
5 a través de actividades amigables con el ambiente como nuevas tecnologías y producción limpia en los procesos de exploración, explotación, transporte y distribución; transparencia e información ecológica en las etiquetas de los productos comerciales; disminución de residuos y responsabilidad compartida para propiciar el reciclaje de los materiales postconsumo, entre otras herramientas de sustentabilidad, bajo un marco de corresponsabilidad.