Dicha responsabilidad quedó consagrada en el libro Nuestro futuro común y en el “Informe Bruntland”, este último adoptado por la ONU, en 1992, como guía para fijar la “Agenda 21”² y los “Objetivos del milenio”,³ donde se destaca el desarrollo sustentable como política global para controlar, reducir y mitigar los impactos en el medio ambiente, de manera ecuánime y justa en la distribución del ingreso nacional entre los sectores sociales y en las relaciones económicas de los países, para aumentar y mejorar la calidad de vida.

Aunque muchos países, como China y los Estados Unidos, han implementado políticas ambientales para una gestión responsable de los recursos, continúan degradando el ambiente con la quema intensiva de combustibles fósiles (petróleo y carbón); en tanto, países como México, además de seguir colocando la cuestión ambiental en segundo término, aún están muy lejos de consolidar un marco político-jurídico eficiente para la gestión ambiental integral, pues cada día se pierden más hectáreas de bosques y selvas por la deforestación, lo cual se suma al incremento de las descargas residuales en cuerpos de agua, junto con la incesante generación de residuos sólidos y la emisión de gases al aire, suelo y atmósfera que perjudican el medio ambiente; todo ello ha provocado la necesidad de ajustar el curso de las políticas públicas a fin de alcanzar la sustentabilidad.