Partiendo del análisis económico, resulta más adecuada la prevención que el castigo, pues un reo diariamente cuesta entre 50 y 150 pesos, cantidad que durante los 30, 40 o 60 años que permanezca encerrado, se convierte en millones y la sociedad es la encargada de sustentarlo con sus impuestos.

Es urgente contar con una legislación de seguridad pública diseñada a partir de estudios reales, en particular, los relativos a las causas de la criminalidad y, en general, de la situación en nuestro país. Las legislaciones no pueden hacerse por ensayo y error; se requiere llevar a cabo estudios de los factores criminógenos⁷ y elaborar políticas criminológicas apropiadas a las necesidades de la sociedad y de los delincuentes, en su proceso de readaptación.