El derecho penal es la parte del derecho general abocada
a especificar qué conductas afectan a la sociedad al grado de pasar a la categoría de delitos; la sociología por su parte, analiza esas conductas, mientras la psicología identifica las alteraciones en el comportamiento y sus motivaciones.
Sin embargo, el derecho penal en nuestro país no da la impresión de estar funcionando como debiera, las legislaciones contra la criminalidad no parecen estar dando resultados (la criminalidad no disminuye, y la virulencia de las reacciones del crimen organizado va en aumento), por lo que inferimos que se encuentra en crisis; el claro reflejo de esto es el alto índice de delitos que se comenten actualmente. Al respecto, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que los delitos se elevaron “de manera exponencial”;
3 también denunció y lamentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el fracaso de las estrategias creadas por el gobierno mexicano en los últimos 10 años en materia de seguridad pública, debido a: la falta de continuidad en los planes y programas, la improvisación, la corrupción y la impunidad.
No se puede negar que la investigación científica ha evolucionado enormemente y hoy permite identificar problemas, estudiarlos y ofrecer soluciones, pero, en lo referente a la seguridad pública, el derecho penal se muestra estancado; las políticas y las leyes aplicables al ámbito no han dado solución al reclamo de la sociedad; en respuesta, diversos grupos sociales organizan manifestaciones públicas permanentemente, al ser testigos y víctimas de persecuciones, secuestros, ajustes de cuentas (asesinatos). En tanto, el gobierno federal hace uso de la milicia, entre otras estrategias, en un intento desesperado por controlar el crimen.
Es común que en cada periodo de sesiones legislativas se aumenten las condenas a fin de “intimidar” a los delincuentes; por ejemplo, hace dos años se escuchaba en la radio y en la televisión que quien viera y/o vendiera pornografía infantil sería castigado hasta con 20 años de cárcel, también que los golpeadores de mujeres serían condenados hasta con 30 años; hoy en día se habla de la pena de muerte y, no obstante, los altos índices de delincuencia continúan. Conjetura: la disminución de la criminalidad –de ocurrir– no se deberá al aumento de penas.