Lamentablemente, se conoce muy poco acerca de los resultados y el alcance real de este tipo de ejercicios o iniciativas y, sobre todo, de qué manera controlan al Estado, en caso de que lo hagan. El reto actual en las tareas de control social o contraloría social es doble: por un lado, fomentar la participación ciudadana orientada a la evaluación sistemática de servicios, programas y políticas públicas en México, al tiempo que se fortalecen las capacidades y habilidades de los actores sociales en su calidad de vigilantes atentos, para lograr convertirse en interlocutores de peso frente al Estado, el cual sería el vigilado. La otra vertiente de este reto es incidir en lo público, con el fin de ir abriendo espacios efectivos de participación para la incorporación de los ciudadanos en la toma de decisiones, pero con mecanismos adecuados y flexibles para ser adaptados a los distintos contextos políticos y sociales del país.

La articulación entre experiencias prácticas de contraloría social con iniciativas interinstitucionales dirigidas a la investigación y la docencia, puede enriquecer de manera importante el campo de la contraloría social. Desde nuestro punto de vista, estas actividades pueden definir un rumbo de trabajo cuyo objetivo sea vincular la investigación original, la formación de recursos humanos, la difusión del conocimiento para un público no especializado, y el avance del conocimiento para especialistas de áreas diversas de las ciencias sociales, la administración pública y el debate político.