La participación de los ciudadanos en acciones o iniciativas de control del quehacer del Estado se ha llamado de distintas maneras, lo cual constituye parte de una disputa entre autores, instituciones y tradiciones político-académicas. En algunos casos se habla de auditoría o contraloría social, en otros, se utiliza la noción
inglesa de accountability (responsabilidad, rendición de cuentas) o bien, la versión española de rendición de cuentas. También se hace referencia a la participación ciudadana potenciada o empoderada, el monitoreo ciudadano, el control social y/o control ciudadano. Cualquiera que sea el término utilizado, todos tienen como componente central la intervención de los ciudadanos en el espacio público para el control y mejoramiento de la labor del Estado, así como un vínculo estrecho con el ejercicio de la rendición de cuentas de los gobiernos.

La definición tradicional de rendición de cuentas se relaciona con la obligación del poder (en concreto, con políticos y funcionarios públicos) de responder por sus acciones ante los ciudadanos. De acuerdo con Schedler,³ para que la rendición de cuentas sea efectiva debe incluir tres elementos fundamentales: información, justificación y castigo, lo cual significa que los políticos y funcionarios públicos tienen la obligación de informar sobre sus actividades y decisiones (dimensión informativa), así como de explicar qué las motivó, para justificar el ejercicio del poder (dimensión argumentativa) y, finalmente, con el objetivo de garantizar que estas actividades y decisiones se llevan a cabo dentro del marco de la ley (dimensión punitiva), debe haber mecanismos de sanción (cuadro 1).

Existen diferentes tipos de rendición de cuentas, de acuerdo con los actores involucrados –dependiendo de quién controla a quién–, y una de las distinciones más importantes en la literatura sobre estos asuntos es la desarrollada por Guillermo O´Donnell,⁴ quien clasifica la rendición de cuentas en horizontal y vertical. La primera se refiere a los mecanismos de control existentes entre agencias y poderes del Estado, mientras que la vertical establece las relaciones de control de la sociedad hacia el Estado y alude, tradicionalmente, al control por medio del voto (cuadro 2).

Sin embargo, sólo una parte del Estado es dirigida por funcionarios no electos, frente a los cuales el voto no es un mecanismo de control, además, los instrumentos de rendición de cuentas horizontales adolecen de algunas limitantes estructurales: la naturaleza del poder no es rendir cuentas, pues no hay incentivos para fomentar que el Estado, además de cumplir con sus obligaciones de manera eficaz y eficiente, informe y justifique ante la ciudadanía sus acciones; como tampoco hay estímulo para que los actores políticos⁵ ejerzan un control estricto.

Por esta razón, si los mecanismos de rendición de cuentas tradicionales son imperfectos, se considera importante desarrollar e implementar formas complementarias de control, en las cuales la participación
de la ciudadanía constituye el elemento indispensable para activar los controles existentes, o bien, para mejorarlos; es decir, que los controles de la sociedad hacia el Estado vayan más allá del voto, y que los controles horizontales se lleven a cabo de manera efectiva. Este tipo de rendición de cuentas es lo que se denomina control social o rendición de cuentas social.

En los últimos veinte años han surgido en todo el mundo impulsos para lograr una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, más allá de la esfera electoral. Con la introducción de esta dinámica de participación activa y permanente de los ciudadanos en la esfera política, estamos hablando de un nuevo modelo de relación entre el Estado y la sociedad, en la que el Estado no es el único responsable de la dirección de la sociedad, sino que los distintos actores sociales también juegan un papel muy importante en la definición de prioridades.

Hoy día se pueden enumerar distintas experiencias definidas como participativas, tal es el caso del involucramiento ciudadano para mejorar el sistema educativo público en los barrios de Chicago;⁶ la inclusión
de la ciudadanía en la definición de gastos municipales (presupuestos participativos)⁷ o en la definición de políticas sectoriales (Consejos Gestores de Políticas Públicas, en Brasil);⁸ los movimientos que buscan avanzar en el derecho de acceso a la información y la transparencia gubernamental (MKSS, en la India),⁹ o la actuación de ciudadanos en instancias de control de políticas públicas, como las veedurías ciudadanas, en Colombia,¹⁰ o los jurados ciudadanos, en Europa occidental.¹¹