En toda Latinoamérica el avance democrático ha sido acompañado de una creciente apatía política por parte de la sociedad, pérdida de legitimidad de los partidos políticos como representantes de los intereses de la ciudadanía y desconfianza en las instituciones gubernamentales.

Hoy en día se pone en duda de manera recurrente la efectividad de nuestras democracias para generar mejores condiciones de vida en los ciudadanos. El informe sobre la democracia en América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) documenta cómo, a pesar de que, en términos electorales, en la región se puede hablar de una mejoría evidente en las democracias, no sucede lo mismo con el avance en cuanto al desarrollo socio económico; así vemos que el promedio regional del PIB (producto interno bruto) per cápita no ha variado de manera significativa en los últimos 20 años, no se han reducido los niveles de desigualdad y la situación laboral ha empeorado en casi toda la región.¹

Ante la multiplicidad de problemas en sociedades cada vez más complejas como las nuestras, es necesario contar con políticas públicas eficaces y eficientes que tomen en cuenta a la ciudadanía y le permitan participar en los procesos de toma de las decisiones que les atañen y afectan directamente y, al mismo tiempo, posibiliten su aplicación de controles efectivos orientados hacia el concepto de rendición de cuentas;² todo lo cual implica la participación activa de distintos actores sociales en la vigilancia y el control de las acciones de los servidores públicos electos o designados.

El presente artículo plantea algunas reflexiones sobre la participación ciudadana en las acciones de control y vigilancia de acciones, programas y/o políticas públicas, así como ejemplos de cómo esta actividad ha ido desarrollándose en México en los últimos años, concluyendo con anotaciones sobre retos y oportunidades
existentes en la actualidad para fortalecer la incidencia ciudadana en el espacio público.