Desde una perspectiva optimista que estimula el desarrollo de la nanotecnología en el ámbito internacional, y ante el alto grado de complejidad e incertidumbre que caracteriza el nanomundo, resulta cada vez más necesario el estudio, la evaluación y el debate público sobre sus implicaciones sociales, éticas, ambientales y legales, un punto reconocido en el marco de la Naciones Unidas y en países como los europeos, los Estados Unidos y Japón donde ya se han establecido grupos especializados de trabajo.

La cuestión es importante, dado que urge la regulación, tanto de la investigación, como de los productos que hacen uso de la nanotecnología y que ya están en el mercado o eventualmente lo estarán. El trasfondo del asunto es obvio; es importante determinar cómo se distribuye el riesgo y cómo se socializan los beneficios.

En México, esto implica, por un lado, dilucidar a detalle el estado en el que se encuentra la investigación nacional, así como el contexto y modalidad del rol que ésta juega o jugaría en el escenario internacional y de cara a competidores como China –ya no se diga de aquellos metropolitanos como los Estados Unidos–; y, por otro lado, nos obliga a evaluar si ese frente tecnológico es, en comparación, más útil para resolver las necesidades nacionales y, de ser así, a qué costo, en qué medida y en cuáles ámbitos.