Llegar al objetivo de 750 mil acciones de viviendas en un año -entre nuevas y usadas-, aún habrá dejado pendientes de construir otras 500 mil, o 600 mil nuevas, necesarias para casi tres millones de habitantes.

Si la necesidad actual real de 1.2 o 1.3 millones de viviendas nuevas anuales, vinculadas al desarrollo urbano, se pretende resolver con el mismo tradicional deficitario sistema, es evidente que se continuaría igual, y las que quizá pronto tripliquen su participación serían algunas de las 52 desarrolladoras grandes y medianas, es decir menos de 3% de las dos mil constructoras existentes en todo el país.

Son muy pocas (no más de 10) las que sí pueden fondear recursos suficientes, frescos y baratos, bursatilizando sus carteras vía la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); las demás constructoras (99.5%), pasan por enormes problemas, limitaciones y dificultades para, individualmente, obtener si acaso 60% del capital de trabajo, mediante crédito puente difícilmente a más de 24 meses de plazo, vía los intermediarios financieros (bancos o sofoles )⁴ con altas tasas de interés. Y como esa gran mayoría de constructoras, muchos de sus diversos proveedores -con sus miles y miles de distribuidores- continuarían frenados (por años) sin poder trabajar a mayor capacidad, para atender el rezago y la necesidad normal de este satisfactor. No porque la mayoría de las constructoras no tenga la capacidad de financiar más obras, los miles y miles de proveedores habrán de seguir frenados en su actividad industrial, comercial, o de servicios. Con el FIN, la evolución y crecimiento de los proveedores Pymes del sector ya no dependería solamente de las compras y contratación que les hagan las constructoras
(cuadro 2 ).

Dado el desequilibrio que se mantiene, es apremiante que las máximas dirigencias de los sectores público y privado analicen la presente iniciativa. Para impulsarla se necesitan 100 millones de pesos (tal vez provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo) para que de inmediato diez mil pequeñas empresas tengan la oportunidad de participar como accionistas de cedevisa, con sólo 10 mil pesos que para el propósito cada una recibiría en financiamiento; y, que por lo menos otras diez mil Pymes también suscriban acciones -hasta por un máximo de 50 mil pesos cada una- para llegar a reunir los 400 o 500 millones de pesos que, como capital social, serían suficientes para constituir, estructurar, organizar y consolidar a este nuevo conglomerado.