En México, con el objetivo de resguardar su patrimonio natural y cultural, así como garantizar la conservación de los ecosistemas y contar con un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el gobierno federal ha decretado 181 ANP que abarcan una superficie de, aproximadamente, 90 millones de hectáreas, bajo alguna categoría de protección. 
     Aunque hay avances importantes en el diseño de los programas de manejo, alrededor de 75 de estas ANP aún no cuentan con instrumentos de protección.^I La ausencia de programas de manejo, asociada a la falta de recursos económicos, ha provocado que los objetivos de conservación para los cuales fueron creadas las ANP no se cumplan completamente.

     Chiapas es uno de los cuatro estados con mayor riqueza ecológica y cultural de México, el cual cuenta con un número importante de ANP que abarcan una superficie total de casi cuatro millones de hectáreas (entre áreas naturales federales y estatales). Estas áreas de conservación confluyen con comunidades rurales, predominantemente indígenas, que, en general, no son informadas de las restricciones que conlleva el decreto de una ANP, las cuales suelen ser implementadas de manera vertical; además, si bien se argumenta que la conservación de la biodiversidad crea una oportunidad para mejorar el bienestar humano, en Chiapas sucede lo contrario.
     Durante 2016, la Secretaría de Desarrollo Social reveló que viven en pobreza casi cuatro millones de chiapanecos, lo que representa 76.2% de la población estatal. Esta divergencia entre riqueza ecológica y altos índices de pobreza en su población hace necesario diseñar e implementar estrategias de conservación y desarrollo sustentable que incluyan a las comunidades rurales, considerando su conocimiento tradicional del entorno, sus necesidades y el respeto a sus formas colectivas de organización.⁴ Es decir, es prioridad que las comunidades rurales se conviertan en actores principales a lo largo del proceso de conservación, mediante el fortalecimiento de sus instituciones comunitarias y sistemas locales de gobernanza, considerando su adaptación al régimen de tenencia de la tierra que determina el uso colectivo de los recursos naturales y culturales.
     Hablamos de brindar opciones acertadas, no sólo de conservación del medio ambiente, sino también de desarrollo para las poblaciones rurales más desfavorecidas que habitan en zonas de alta biodiversidad, a cuyas economías locales aportan vitalidad, al participar en la conservación del patrimonio natural y cultural de Chiapas.

Ante el reconocimiento de las limitaciones que han representado los esquemas de ANP en materia de conservación biológica y desarrollo comunitario, en el contexto mundial, durante las últimas dos décadas han surgido enfoques académicos que proponen transitar hacia proyectos alternativos más incluyentes. En el caso de México, resulta fundamental subrayar los aportes de tres grandes enfoques de investigación que permiten esbozar los rasgos conductores de las que pueden llegar a significar alternativas al modelo convencional:

1. El enfoque de patrimonio biocultural, encabezado por Víctor Toledo, Arturo Argueta y Eckart Boege, cuyas contribuciones medulares radican en la identificación de regiones indígenas y campesinas en las que confluyen significativos rasgos biológicos y culturales, las cuales pueden ser salvaguardadas e impulsadas conjuntamente desde una visión integrada, reconociendo a las comunidades como sujetos sociales fundamentales para la conservación.
2. El legado etnobiológico de Efraím Hernández X. y la escuela Agroecológica de John Vandermeer e Ivette Perfecto, quienes proponen transitar de islas de conservación biológica a matrices de agrodiversidad, mediante el reconocimiento y la incorporación de numerosas prácticas agrícolas, forestales y pecuarias de manejo de los recursos naturales conducidas por los grupos locales y fundamentadas en saberes ecológicos tradicionales.
3. La perspectiva de ecología política liderada por Enrique Leff y Leticia Durand, quienes enfatizan la necesidad de construir esquemas horizontales en la toma de decisiones de índole ecológica y comunitaria entre todos los actores que participan en la gestión de los recursos naturales en un territorio dado, proceso comúnmente denominado “gobernanza socio-ambiental”.

     Chiapas es una mega-región con notables oportunidades para generar alternativas al paradigma proteccionista, teniendo como base los enfoques aquí planteados. Destaca, por ejemplo, el hecho de que, aproximadamente, 50% de la superficie estatal esté representada por la propiedad social de cerca de 2,500 núcleos ejidales, muchos de ellos comprendidos en los territorios de alguno de los 12 grupos étnicos presentes en la entidad. A su vez, casi tres cuartas partes de dicha superficie han sido identificadas como “zonas de muy alta riqueza biológica y de notable importancia respecto a sus servicios ambientales”; sobre todo, las áreas forestales del estado encargadas de recargar un sistema de cuencas que concentra 30% del agua superficial del país.⁵ 

     Sobre la base del reconocimiento de la estratégica propiedad social de tierras prioritarias en Chiapas,^II organizaciones de la sociedad civil han comenzado a impulsar iniciativas relativamente más endógenas de conservación, tratando de empatarlas con las necesidades de desarrollo comunitario. De las 14 herramientas legales que la política ambiental mexicana faculta para la preservación de espacios naturales en manos de comunidades o ejidos,^III las que más se han implementado en la entidad son las Áreas Naturales Protegidas Comunitarias (ANPC) y las Reservas Voluntarias (RV). Ambas son el resultado de diagnósticos, planeaciones y compromisos generados por los propios núcleos agrarios, con intermediación de las organizaciones civiles, pero final y definitivamente certificados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
     De manera acorde con Pronatura Sur A. C. y el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Mesoamérica A. C., actualmente, en el estado, se han conformado tanto una red de ANPC como una de RV que, en conjunto, suman aproximadamente 30,000 ha de bosques, selvas y costas e incorporan a más de 50 propietarios ejidales y comunales de grupos tzotziles-tzeltales, tojolabales, chinantecos y choles; sin embargo, es importante reconocer que como principales motivaciones de las comunidades para incorporarse a estos esquemas de conservación endógenos, más que la construcción y consolidación de capacidades autogestivas, continúa subyaciendo una lógica “pragmático-clientelar”, expresada en la búsqueda de respaldo gubernamental para la certidumbre de la tenencia de la tierra, obtención de incentivos y compensaciones económicas, así como la incorporación de sus productos a mercados estratégicos del tipo “economía verde”.⁶ 
     Lo anterior nos lleva a revisar cuál debería ser el papel de la academia para incidir de manera directa y efectiva en la búsqueda de alternativas de conservación que conlleven a un mejoramiento en las condiciones de vida de las comunidades rurales de Chiapas, teniendo en la mira tanto el modelo de desarrollo que impulsa la extracción masiva y cortoplacista de los recursos naturales como los esquemas preservacionistas excluyentes, centralizados y clientelistas. Ello, sin lugar a dudas, implica ir mucho más allá del rol de documentación de la biodiversidad que hoy en día ha marcado parte de la tendencia académica. El reto es invitar a repensar y construir juntos alternativas capaces de combinar nuestro conocimiento con la integración de conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en zonas de alta biodiversidad.⁷ Entonces se podrá hablar de un verdadero diálogo de saberes y transitar hacia una investigación colaborativa.